"VERDAD Y JUSTICIA"
- Colectivos Progresistas
- 26 dic 2024
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El gobierno de Daniel Noboa, durante su mandato de más de un año, ha sometido a la sociedad ecuatoriana a constantes estados de excepción bajo el pretexto de combatir la delincuencia común y el narcotráfico.
El gobierno de Daniel Noboa, durante su mandato de más de un año, ha sometido a la sociedad ecuatoriana a constantes estados de excepción bajo el pretexto de combatir la delincuencia común y el narcotráfico. Este enfoque, sustentado en la figura de una supuesta “guerra interna”, ha provocado graves consecuencias: la pérdida de derechos, la militarización de la sociedad y denuncias de falsos positivos y abusos por parte de la fuerza pública.
El último estado de excepción, como los anteriores, fue declarado por la Corte Constitucional como carente de la debida justificación. En este contexto, se produjo la detención de cuatro menores de edad, humildes, afrodescendientes y futbolistas, por parte de una patrulla militar. Este hecho no tuvo una respuesta inmediata del gobierno ni trascendió en los medios tradicionales, hasta que las redes sociales encendieron las alarmas. Durante catorce días se guardó silencio, y cuando el gobierno finalmente respondió, sus voceros emitieron declaraciones contradictorias: primero negaron los hechos, luego afirmaron que los menores habían sido detenidos tras un supuesto asalto.
La publicación de un video evidenciando la detención de dos de los menores por militares generó una ola de solidaridad nacional y una demanda contundente: que los menores regresaran sanos y salvos. Este escándalo coincidió con otros: la persecución política a la vicepresidenta, la entrega del mayor pozo petrolero a una empresa sin capacidad técnica ni solvencia económica, y el uso indebido de resguardo militar para proteger camiones privados de banano.
La opinión pública rechazó la persecución contra la vicepresidenta y exigió respeto a la Constitución, así como el reconocimiento formal de sus funciones durante la campaña del presidente-candidato. La primera derrota jurídica y política del gobierno se produjo cuando un tribunal determinó que el juicio y la sanción contra la vicepresidenta fueron improcedentes. El rechazo aumentó cuando el gobierno le impidió acceder a su despacho y militarizó el recinto presidencial. En paralelo, el presidente emitió un decreto ordenándole viajar a Turquía, a lo que la vicepresidenta respondió públicamente que no acataría.
En medio de estas tensiones, la indignación popular creció también por la desaparición de los menores. Las contradicciones en las declaraciones oficiales erosionaron la credibilidad del gobierno. El presidente agravó la situación al sugerir, en un pronunciamiento, que los menores fueran declarados “héroes nacionales”. Esta declaración fue ampliamente rechazada, pues implicaba un intento de ocultar la verdad y admitía implícitamente que los niños ya no estaban con vida.
El Ejército finalmente reconoció la detención de los menores, pero alegó que habían sido liberados en Taura, un lugar distante de su captura, y que desconocían su paradero. Tres eventos cambiaron el panorama: una jueza constitucional declaró que se trató de una “detención forzosa”; el fiscal a cargo aclaró que no había indicios de que los menores fueran delincuentes y que los protocolos de detención no se cumplieron; y la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos intensificó la presión sobre el gobierno.
En un intento por desviar la atención, el ministro de Defensa declaró que cerca de Taura se habían encontrado restos incinerados, incluyendo cráneos de menor tamaño. Estas especulaciones aumentaron el dolor y la indignación de la sociedad, que se preparaba para celebrar una Navidad marcada por la ausencia de cuatro niños.
La desaparición de los menores cobra relevancia adicional en el contexto de una consulta popular impulsada por el gobierno, que busca eximir a los miembros de las fuerzas del orden de responsabilidad por actos cometidos en el marco de la “guerra interna”. Este es un momento crucial para que el país se una en una demanda clara y contundente: VERDAD Y JUSTICIA.
Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad ante esta desaparición forzada, que los responsables materiales y los encubridores sean enjuiciados penal y políticamente, y que se respete la institucionalidad y la independencia de las funciones del Estado. Se debe rechazar el autoritarismo, exigir el sometimiento a la Constitución y garantizar la vigencia plena de los valores democráticos.
En democracia, debemos construir una sociedad basada en la paz, la empatía, la solidaridad y la inclusión. Una sociedad que garantice los derechos de todas las personas profundice el estado plurinacional y promueva un desarrollo humano y sostenible. Esta Navidad, el mensaje debe ser claro: luchar por un Ecuador de oportunidades, justicia y verdad para todos.
Pedro Cornejo Calderón
Quito, 26/12/2024
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