RESPONSABILIDAD HISTÓRICA: ORGANIZACIÓN Y PROTESTA SOCIAL Y CIUDADANA
- Colectivos Progresistas
- 16 nov 2024
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En los últimos meses, la coyuntura política ha evidenciado una ruptura del orden democrático y constitucional en el país. La suspensión de la vicepresidenta y la designación de una encargada temporal, junto con la exclusión de actores políticos del proceso electoral, son síntomas de una realidad alarmante: la pérdida progresiva de derechos fundamentales, garantías de seguridad y justicia. Frente a esta situación, la ciudadanía ha comenzado a tomar conciencia de su responsabilidad histórica.
La crisis económica, institucional, sanitaria y de seguridad no es fortuita; es el resultado de decisiones gubernamentales que buscan disciplinar a una ciudadanía que previamente apoyó un proyecto progresista. Estas políticas no solo intentan deslegitimar el papel del Estado como garantía de derechos, sino también abrir paso a un modelo empresarial que prioriza el lucro sobre el bienestar.
En este contexto, las organizaciones sociales han demostrado ser un pilar esencial para sostener la resistencia ciudadana. Su capacidad de articular a diversos sectores sociales, económicos y culturales ha permitido construir plataformas unitarias con un objetivo estratégico claro: transformar el país hacia un modelo inclusivo, equitativo y redistributivo, basado en la justicia, el bienestar y el respeto a la diversidad cultural y plurinacional.
EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES
Las organizaciones sociales han impulsado un diálogo amplio que fortalece el papel del Estado como garantía de derechos y defensor de la soberanía nacional, a través de iniciativas como el Acuerdo Mínimo Programático de Unidad,
Este esfuerzo de articulación se refleja en conformación de dos instancias nacionales de las organizaciones sociales, políticas y ciudadanas como son Poder Popular y Pacto por la Patria, que en estos días celebran encuentros para aprobar documentos que contienen una propuesta estratégica y electoral convergente.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
En este momento crítico, el derecho a la resistencia se erige como un principio que debemos ejercer con determinación. Las protestas no son solo actos de indignación, sino herramientas legítimas para construir un país más justo y digno. Participar en las marchas trasciende cualquier diferencia económica, política o ideológica. Es una lucha por la educación de los jóvenes, por la salud y seguridad de nuestras familias, y por el derecho a transitar y trabajar con seguridad y en paz.
La organización y movilización social son la respuesta a un sistema que prioriza la acumulación de riqueza a la costa del bienestar colectivo. La protesta no solo es resistencia; es un acto de vida, un llamado a transformar el país en beneficio de todos.
CONCLUSIÓN
Este es un momento decisivo en nuestra historia. La organización social y la protesta no solo son derechos fundamentales, sino también una obligación moral con las futuras generaciones. Si la codicia busca perpetuar la desigualdad, nuestra respuesta debe ser clara: unidad, lucha y vida. A la codicia se le enfrenta con la vida, con dignidad y con la fuerza de un pueblo decidido a transformar su destino.
Pedro Cornejo Calderón
Cuenca, noviembre 16 de 2024
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