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"La violencia como instrumento de dominación del neoliberalismo en el gobierno de Noboa"

  • Foto del escritor: Colectivos Progresistas
    Colectivos Progresistas
  • 12 oct 2024
  • 5 Min. de lectura

El gobierno de Daniel Noboa asumió la dirección del país con la promesa de solucionar la crisis de seguridad que afecta a Ecuador.

Pedro Cornejo Calderón - Analista Político

Aseguró que tenía un plan claro para detener la violencia y la expansión del narcotráfico, pero los resultados hasta la fecha reflejan lo contrario. Más de 279 días de estado de excepción, 4800 muertes violentas, un aumento del 49% en secuestros, y del 74% en extorsiones son solo algunos de los resultados visibles. Esto nos lleva a cuestionar no solo la efectividad de sus políticas, sino los verdaderos objetivos que se persiguen detrás del manejo de esta crisis. En este artículo, se exploran los objetivos estratégicos del gobierno, su falta de políticas públicas coherentes, la ausencia de inversión y los resultados desastrosos de un país atrapado en la desesperanza.


Objetivos del gobierno con la crisis de seguridad


1.Control social a través del miedo y la militarización.

El principal objetivo del gobierno parece ser el uso de la violencia como herramienta de dominación social. El miedo y la inseguridad se han convertido en un medio para justificar la presencia constante de las fuerzas armadas en las calles. Sin un plan de acción claro como el supuesto "Plan Fénix", el gobierno apuesta por mantener a la población en un estado de pánico permanente, haciendo que cualquier medida autoritaria sea vista como necesaria para garantizar la supervivencia. Esta estrategia ha permitido consolidar un régimen donde la militarización sirve no solo para combatir al narcotráfico, sino también para disuadir la disidencia y el descontento social.


2. Desviar la responsabilidad hacia la oposición y los gobiernos anteriores

El segundo objetivo estratégico del gobierno en el manejo de la crisis de seguridad es consolidar una narrativa que desvía la responsabilidad de los problemas actuales hacia actores políticos pasados, principalmente el correísmo, al mismo tiempo que se posiciona como una administración que lucha contra una situación heredada. Este discurso busca instalar la idea de que el caos actual es una consecuencia directa de la “vieja política”, una táctica que intenta desacreditar a la principal fuerza política opositora y desviar la atención pública del fracaso del actual gobierno para hacer frente a la crisis multidimensional.


En lugar de adoptar medidas contundentes o políticas públicas coherentes, el gobierno ha recurrido a una estrategia de culpas cruzadas, cargando la responsabilidad de la violencia al correísmo y a sectores de la izquierda, como si la inseguridad y la penetración del narcotráfico en las instituciones fueran consecuencias. inmediatas de esos años de gobierno. Este enfoque, sin embargo, ignora que las condiciones que hoy exacerban la violencia no son meramente herencias pasadas, sino el resultado de la falta de acción eficaz y de inversión en el presente.


Al manipular la percepción pública con la idea de que la violencia es utilizada por la oposición para desestabilizar, el gobierno logra desviar el foco de atención de sus propias fallas y mantener una estrategia que desmoviliza la crítica, al tiempo que refuerza la polarización.


3. Avanzar en la agenda neoliberal mediante la privatización encubierta

El tercer objetivo que subyace al manejo de la crisis de seguridad es avanzar en una agenda de privatización. La falta de inversión en infraestructura pública y en los sistemas de seguridad no es casual. En lugar de fortalecer a las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos, el gobierno ha permitido que colapsen, presentando esto como una incapacidad estructural del Estado para gestionar la seguridad y otros servicios esenciales. Este colapso planificado crea el ambiente propicio para justificar la intervención del capital privado, promoviendo la idea de que solo mediante la privatización se podrán recuperar los niveles de seguridad y bienestar que la población reclama.


La desinversión en sistemas clave, como el ECU 911, y la falta de recursos para equipar adecuadamente a la policía, no son fallos técnicos, sino decisiones políticas que reflejan una estrategia neoliberal de debilitamiento de las capacidades estatales. Esta estrategia busca generar la intervención privada en la gestión estatal y la prestación de los servicios públicos.


4. Militarización y control social a través del miedo

Un cuarto objetivo crucial es el control social mediante el miedo y la militarización. Los estados de excepción y la constante presencia militar en las calles son un reflejo claro de cómo el gobierno utiliza la inseguridad para justificar un estado de vigilancia permanente, limitando derechos y libertades civiles bajo la premisa de la seguridad pública. Aunque esta militarización no ha reducido la violencia ni ha solucionado el problema del narcotráfico, ha permitido al gobierno establecer un ambiente de control social que inhibe la protesta y la movilización popular, consolidando un clima de zozobra y desesperanza.


El miedo es una herramienta eficaz para la dominación. La narrativa gubernamental asocia cualquier crítica o movilización social con intentos de desestabilización, criminalizando la disidencia y justificado medidas autoritarias. Este proceso no solo afecta a la población en general, sino que también ha sido dirigido de manera selectiva hacia la oposición política y social, particularmente contra líderes de la Revolución Ciudadana y la CONAIE. En este contexto, la militarización se convierte en un medio para sofocar las demandas de los sectores populares, mientras se garantiza la continuidad del control político y económico en manos del actual gobierno y del bloque en el poder.


Además, se sabe que las fuerzas de seguridad han sido penetradas por el narcotráfico, lo que agrava el problema de la violencia. Pero en lugar de enfrentarlo con inteligencia y coordinación, el gobierno prefiere recurrir a una política de fuerza bruta que no resuelva la inseguridad, pero que sí refuerza su capacidad de reprimir cualquier forma de organización social que se oponga a una gestión de gobierno que violenta sus derechos.


Conclusión: la violencia como estrategia de dominación en el modelo neoliberal

La crisis de seguridad en Ecuador no es una consecuencia accidental de errores de gestión o falta de capacidad. Por el contrario, la manera en que el gobierno ha manejado la violencia refleja una estrategia deliberada que sirve a varios fines políticos y económicos. La ausencia de políticas públicas coherentes, la militarización, el desvío de responsabilidades y el colapso intencionado de los servicios públicos son piezas de una agenda más amplia que utiliza el caos y el miedo como mecanismos de control social y privatización de los recursos y servicios públicos.


La inseguridad, lejos de ser combatida de manera eficaz, ha sido instrumentalizada para justificar una mayor militarización y la consolidación de un estado de excepción permanente. Al mismo tiempo, el debilitamiento de las instituciones públicas y la falta de inversión están preparando el terreno para una mayor privatización de los servicios esenciales, lo que beneficia a los grupos empresariales cercanos al gobierno, mientras la población es empujada a aceptar cualquier medida que prometa. estable


El gobierno ha logrado, mediante esta crisis, construir una relación en el que se presenta como víctima de la violencia heredada y como salvador a través de medidas que, aunque fallidas en la práctica, mantienen a la sociedad bajo control. La estrategia neoliberal subyacente utiliza la violencia no solo como un problema a resolver, sino como una herramienta para consolidar el poder, erosionar el papel del Estado y preparar el terreno para la explotación económica de los bienes públicos. En este sentido, la violencia se convierte en el elemento central de una estrategia de dominación que, lejos de garantizar la seguridad y el bienestar de la población, la condena a vivir en la marginalidad y la exclusión.


Esta situación no solo impacta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que amenaza las mismas bases de la democracia. Al debilitar las instituciones, concentrar el poder en manos de una élite económica y politizar la violencia, el gobierno está erosionando el tejido social y construyendo un sistema de control donde la violencia, tanto física como estructural, es el medio para perpetuar un modelo económico y político que beneficia solo a unos pocos, mientras el resto de la sociedad queda atrapado en un ciclo de pobreza, inseguridad y desesperación



Pedro Cornejo Calderón

Cuenca, 2024/10/12


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