EL JUICIO POLÍTICO: NATURALEZA, PRINCIPIOS Y ALCANCE CONSTITUCIONAL
- Colectivos Progresistas
- 5 oct 2024
- 3 Min. de lectura
El juicio político es uno de los mecanismos de control más relevantes que tiene la Asamblea Nacional del Ecuador para fiscalizar a las principales autoridades del Estado.
Establecido en el artículo 131 de la Constitución, este proceso busca garantizar que quienes ocupan cargos de responsabilidad pública cumplan con sus funciones en conformidad con la ley y los principios constitucionales. A través de esta herramienta, la Asamblea puede cuestionar, evaluar y sancionar a los altos funcionarios que incurran en incumplimiento de sus deberes.
Principios del Juicio Político
El juicio político se diferencia claramente de un juicio ordinario. Mientras que este último está destinado a establecer responsabilidades penales, el juicio político es de carácter esencialmente político y se enfoca en evaluar el desempeño de las autoridades en relación con sus funciones públicas. Este principio fundamental es crucial para comprender la naturaleza del proceso: no busca castigar delitos penales, sino valorar la gestión y decisiones administrativas en áreas de competencia asignadas por la Constitución y la ley.
El artículo 131 de la Constitución especifica que el juicio político puede aplicarse a ministros de Estado, superintendentes, fiscales, procuradores, defensores del pueblo, entre otros, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de haberlo dejado. Para iniciar el proceso, al menos una cuarta parte de los asambleístas debe solicitarlo, y la censura de la autoridad requiere una mayoría absoluta de votos en la Asamblea, o, en ciertos casos como los ministros de Estado o miembros de funciones específicas, el apoyo de las dos terceras partes del órgano legislativo.
Control Político como Pilar Democrático
El juicio político no debe interpretarse como un acto de desestabilización o una maniobra de obstrucción a la gestión pública, sino como un ejercicio fundamental de la democracia. A través de este proceso, la Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar a quienes ejercen el poder, particularmente en áreas sensibles como la seguridad, la justicia y la institucionalidad. El control político busca garantizar que las autoridades estén alineadas con el interés público y que su gestión sea transparente, eficiente y efectiva en resolver las problemáticas que afectan al país.
En un contexto donde la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico han penetrado en las instituciones del Estado, la labor de fiscalización cobra especial relevancia. El juicio político permite a la Asamblea Nacional indagar si las políticas públicas adoptadas, en particular en materia de seguridad, han sido adecuadas y si las autoridades han cumplido su rol de proteger a la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad.
Transparencia y Responsabilidad Pública
El principio de responsabilidad política es otro elemento clave del juicio político. Las autoridades deben rendir cuentas no solo de sus actos, sino también de sus omisiones. Si la Asamblea, tras el proceso de fiscalización, determina que un funcionario no ha cumplido con sus responsabilidades, puede proceder a la censura y destitución. Este mecanismo de rendición de cuentas es esencial para preservar la integridad de las instituciones democráticas y evitar el abuso de poder o la negligencia en el cumplimiento de las funciones públicas.
Además, si del proceso de censura se derivan indicios de responsabilidad penal, la Constitución dispone que el asunto sea remitido a las instancias judiciales correspondientes. De esta forma, el juicio político no es solo una herramienta de control político-administrativo, sino también un mecanismo que refuerza el Estado de derecho y asegura que ninguna autoridad esté por encima de la ley.
Conclusión
El juicio político en el Ecuador, regulado por el artículo 131 de la Constitución, se presenta como un pilar fundamental de la democracia, al permitir el control de la Asamblea Nacional sobre las autoridades de mayor relevancia en el aparato estatal. Al diferenciarse claramente del juicio penal, su naturaleza política busca asegurar que los altos funcionarios cumplan con las funciones que les asigna la Constitución y la ley. En un contexto de creciente inseguridad y fragilidad institucional, este proceso se erige como una herramienta clave para garantizar que el Estado funcione en pro de la ciudadanía, y que las decisiones públicas se tomen bajo un escrutinio transparente y responsable.
Pedro Cornejo Calderón
Quito, 2024/10/05
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